Cumbre Agraria
Un mes tiene Santos para cumplirle a los campesinos y
evitar otro paro agrario de grandes proporciones
Por Camilo Raigozo. Notimundo
Unas 35 mil personas marcharon pacíficamente desde el
Campín hasta la Plaza de Bolívar como cierre de la Cumbre Agraria: Campesina,
étnica y popular, la cual deliberó desde el pasado sábado y en la que
participaron al menos cuatro mil voceros de los habitantes rurales.
El malestar de las comunidades es porque para levantar el
paro agrario de agosto y septiembre del año pasado, el cual dejó a 19 labriegos
asesinados por las fuerzas criminales del régimen, más de 600 heridos y decenas
de encarcelados, el gobierno firmó una serie de compromisos que hasta el momento
no ha cumplido.
“La Cumbre nace porque después de esta ‘rebelión de las
ruanas, los ponchos y bastones’ que suscitó el más amplio respaldo nacional e
internacional, el presidente Santos convocó a un Pacto Agrario con las élites
agroindustriales y gremiales del campo, excluyendo con esto al movimiento
agrario”, dice el documento final emanado de la cumbre dado a conocer al final
de la marcha en la Plaza de Bolívar.
Los campesinos, indígenas y afros, por primera vez están
unidos en un pliego petitorio que le exige al gobierno que deben ser los
pueblos y las comunidades quienes ordenen el territorio, definan el uso y las
distintas maneras de habitarlo.
Igualmente exigen una reforma agraria integral que
solucione definitiva y estructuralmente los problemas de acceso a la tierra, la
formalización de la propiedad y el desarrollo rural con robusta inversión
social.
De esta forma se oponen rotundamente al modelo
extractivista implementado por el gobierno, dado que concentra la propiedad de
la tierra al entregarla a las multinacionales,
a los megaproyectos del gran capital arruinando la economía campesina y la
vida.
A cambio –exigen los campesinos, indígenas y afros-
implementar un modelo económico que les garantice la pervivencia a través del
fortalecimiento de sus economías.
“La autonomía territorial es un factor determinante en la
construcción de una política económica y de producción de alimentos soberana.
Para tal fin se debe derogar la normatividad que permite el monopolio
transnacional sobre las semillas y el conocimiento ancestral”, expresa el
documento.
Así mismo plantean que el acceso a las riquezas
minero-energéticas sea respetuoso del medio ambiente y que dicha explotación sea
previamente consultada con las comunidades.
Cultivos de coca, marihuana y amapola
En este punto la cumbre plantea una alternativa productiva
concertada para la erradicación de los cultivos de coca, amapola y marihuana.
Así mismo rechaza la erradicación forzada, las fumigaciones aéreas y la
criminalización de los cultivadores.
A cambio las comunidades rurales proponen programas de
sustitución autónoma, gradual y concertada y el impulso a los cultivos
alternativos con garantías de comercialización.
Derecho a la protesta social
Las ruralidades exigen que no se criminalice el derecho a
la protesta social, el desmonte del fuero militar, así como también se les permita
la participación en la planeación y ejecución de la políticas de producción
agropecuaria y de desarrollo rural.
Apoyo a los diálogos de paz
“La solución política al conflicto social y armado sigue
siendo un anhelo de la sociedad en la búsqueda de la paz con justicia social,
por esa razón es fundamental y urgente, que se inicie un proceso de diálogo con
las insurgencias del ELN y el EPL.
“Respaldamos los diálogos de La Habana entre el gobierno
y las FARC. Resaltamos el papel que debemos jugar las organizaciones y procesos
como movimiento social con voz propia.
“Los diálogos regionales son una herramienta importante
para avanzar en la construcción de la agenda social y política por la paz. La
Cumbre Agraria asume el impulso a un gran movimiento social que trabaje por la
paz como condiciones de vida y exija garantías para la participación de la
sociedad”, afirma el documento.
Asamblea Nacional Constituyente
“El acuerdo político y social que edifique la paz deberá
ser la parte culminante de este proceso constituyente. El camino hacia la paz,
requiere, mientras tanto, de un decidido y vigoroso movimiento social por la
paz, al cual convocamos a todos los sectores políticos y sociales del país.
“La paz incluyente no se construye con ‘acuerdos de
élites y corbatas’ que desconocen a los de poncho, a los de ruana, a los de
azadón y machete, a los sujetos políticos y sociales del campo y sus propuestas”, expresan las comunidades en la declaración final.
La cumbre da un plazo al presidente Santos hasta la
primera semana de mayo para que dé cumplimiento a los acuerdos o de lo
contrario se declarará un paro general agrario de mucha mayor envergadura que
el vivido el año pasado.
“Ante el reiterado incumplimiento del gobierno nacional
frente a la palabra y los compromisos adquiridos para levantar el paro agrario
del año pasado, la decisión de la Cumbre Agraria: Campesina, Étnica y Popular
es la de volver al paro nacional agrario, cuya hora cero dependerá de la
respuesta gubernamental.
“La Cumbre extiende un plazo al gobierno hasta la primera
semana de mayo. A partir de este momento
la Cumbre bajará a los resguardos indígenas y a las veredas de los territorios
afros y campesinos, a las barriadas y organizaciones sociales de las ciudades,-
a los sindicatos, a organizar los comités de paro y a convocar a todos los
sectores sociales y populares en conflicto para acordar una dinámica coordinada
en perspectiva de bloque popular”, advierte el documento.
Finalmente las comunidades de la cumbre critican
severamente el Pacto Agrario impulsado por Santos y los ricos del campo al que
califican de ser “una repartija más de recursos públicos con fines clientelares
y electoreros.
“El gobierno nacional tiene la oportunidad histórica de
solucionar la crisis estructural del campo a partir de nuestras propuestas
recogidas en el pliego unitario, creemos en el diálogo social como la ruta para
alcanzar la justicia social y la anhelada paz estable y duradera para Colombia.
“Nuestras propuestas están sobre la mesa, le queda la
responsabilidad histórica al gobierno de atenderlas”, concluye el pliego.
