Desafuero penal militar/Por: Camilo Raigozo
Así afirma en una declaración pública el Centro Robert
F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos, al referirse a las
repercusiones que va a tener la ampliación de la jurisdicción militar en Colombia.
El Centro manifiesta su preocupación por la aprobación
del fuero penal militar porque “debilita el funcionamiento independiente del
poder judicial y es incompatible con las obligaciones internacionales de
Colombia en derechos humanos”.
Además afirma que la reforma recientemente aprobada por
el “honorable” Congreso colombiano representa un retroceso en la defensa de los
derechos humanos y una desviación si se le compara con otros países de la región
que, por el contrario han restringido la jurisdicción de la justicia militar.
A continuación transcribimos en su integridad el
documento enviado a nuestra redacción:
(Washington – 10 Enero 2013) El Centro Robert F. Kennedy
para la Justicia y los Derechos Humanos (Centro RFK) expresa su profunda
preocupación sobre las recientes medidas de Colombia para ampliar el poder de
los tribunales militares en el país.
El Senado de Colombia aprobó la reforma el 11 de
diciembre de 2012 y se promulgó el Acto Legislativo sobre Fuero Militar número
02 el 28 de diciembre, el cual modificó los artículos 116, 152 y 221 de la
Constitución Política de Colombia.
Esta reforma representa un retroceso en la defensa de los
derechos humanos y una desviación en comparación con otros países en la región
que han restringido la jurisdicción de la justicia militar.
Mientras que los crímenes como el genocidio y otras
violaciones graves de derechos humanos están excluidos de la jurisdicción
militar en virtud de la nueva ley, toda una serie de otras violaciones de
derechos humanos como la detención arbitraria y el trato cruel, inhumano o
degradante ahora serán juzgados por tribunales militares.
Según la ley el sistema de justicia del ejército de
Colombia, no las autoridades civiles, son ahora responsables de las etapas
iniciales de investigación sobre presuntas violaciones de derechos humanos
cometidas por los militares.
En definitiva, serán oficiales militares los que tendrán
la decisión sobre la jurisdicción aplicable en casos de violaciones a los
derechos humanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado
que está bien establecida en la jurisprudencia que “la jurisdicción militar no
es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los
autores de alegadas vulneraciones de derechos humanos, sino que el procesamiento
de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria.
“Esta conclusión aplica no solo para casos de tortura,
desaparición forzada y violación sexual, sino a todas las violaciones de
derechos humanos.”
La reciente ampliación de la jurisdicción militar en
Colombia debilita el funcionamiento independiente del poder judicial y es
incompatible con las obligaciones internacionales de Colombia en derechos
humanos, en cuanto los tribunales militares no tienen la jurisdicción al tratar
violaciones de derechos humanos.
Además el rompimiento de Colombia de las normas
internacionales y el hecho de ampliar la competencia de los tribunales
militares se contrapone a avances significativos como en Argentina, y más
recientemente en México, gracias a decisiones de la Corte Suprema, para hacer
frente a la impunidad militar que sigue afectando a la región.
“La decisión de Colombia de ampliar la jurisdicción de
sus tribunales militares es un revés para el fortalecimiento del estado de
derecho en el país y la región,” dijo Santiago A. Canton, Director del programa
de los derechos humanos en el Centro RFK.
“El derecho internacional establece claramente que los
tribunales militares no son los foros para tramitar las violaciones a los
derechos humanos.
“Este cambio lamentable abre la puerta a mayor impunidad
en un momento en que el país estaba avanzando en garantizar una mejor defensa y
protección de los derechos humanos”.
